El Departamento de Estado publicó su informe anual 2023. En él documentó casos de torturas, abusos y desapariciones de personas
En cuanto a las detenciones arbitrarias, se han registrado numerosos casos en los que individuos son privados de libertad sin justificación legal, violando sus derechos fundamentales. El uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad también ha sido objeto de críticas, con informes de casos de violencia extrema durante manifestaciones pacíficas.
La falta de independencia judicial y la interferencia del gobierno en el sistema de justicia también contribuyen a la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos. Muchas de las víctimas y sus familias no reciben justicia ni reparación, lo que perpetúa un clima de impunidad y desconfianza en las instituciones del país.
La situación de los derechos humanos en Venezuela es grave y requiere acciones urgentes para proteger a la población de abusos y violaciones. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben seguir presionando al gobierno de Maduro para que respete los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantice la justicia y la rendición de cuentas en todos los casos de violaciones de derechos humanos.
El texto prosigue: “En ocasiones, los jueces ordenaban la detención preventiva en instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SEBIN) o de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), incluso cuando los detenidos alegaban ante el tribunal que habían sido torturados o mostraban signos compatibles con la tortura”.
“Los medios de comunicación y las ONG informaron de que las fuerzas del orden y los militares afines a Maduro golpeaban y humillaban con regularidad a los sospechosos durante las detenciones. También se denunciaron casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra presos. Personas alineadas con Maduro sometieron a detenidos a asfixia, descargas eléctricas, rotura de huesos y ahorcamiento por las extremidades. También se sometió a los detenidos a bajas temperaturas, privación sensorial y privación del sueño; se les obligó a pasar horas de rodillas y se les esposó durante largos periodos de tiempo. Algunos detenidos y sus familiares denunciaron haber recibido amenazas de muerte. Los detenidos denunciaron que las fuerzas de seguridad afines a Maduro los trasladaban de los centros de detención a casas y otros lugares clandestinos donde se cometían abusos. Los tratos crueles implicaban con frecuencia negar a los presos atención médica y mantenerlos durante largos periodos en régimen de aislamiento. Las ONG informaron de que algunos detenidos habían sido víctimas de violencia sexual y de género por parte de las unidades de seguridad”, señala el texto.
Desapariciones
En cuanto a las desapariciones, fueron varias las organizaciones que denunciaron esta actividad paraestatal para silenciar o perseguir opositores. “La ONG nacional de derechos humanos FundaRedes documentó 63 desapariciones o secuestros entre enero y marzo en los estados fronterizos de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, y 27 desapariciones o secuestros en estos y otros seis estados entre abril y junio. La mayoría de las víctimas eran hombres. En muchos casos, FundaRedes informó que los autores eran organizaciones delictivas dedicadas a la extorsión. En 2022, FundaRedes registró 80 desapariciones de mujeres en la frontera con Colombia. FundaRedes señaló que es probable que no se denuncien todas las desapariciones por miedo a represalias o por desconfianza en las instituciones controladas por Maduro. Según las investigaciones de FundaRedes, los agentes de seguridad fueron cómplices de grupos armados irregulares y bandas criminales en la comisión de abusos contra los derechos humanos, incluidas las desapariciones”.
El informe continúa: “En agosto, el Comité Nacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas en las Costas de Venezuela protestó por la falta de avances en las investigaciones sobre la desaparición en el mar de 150 migrantes desde 2015. Los representantes de Maduro siguieron negándose a que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitara el país para llevar a cabo investigaciones. En 2022, el Grupo de Trabajo informó de 29 casos pendientes de desapariciones forzadas o involuntarias”.
Libertad de expresión
El informe del Departamento de Estado también muestra el deterioro que presentó el régimen en materia de libertad de expresión: “La ley castigaba con penas de seis a 30 meses de prisión sin fianza las injurias al presidente, y con penas menores las injurias a funcionarios de menor rango”.
“La Ley Constitucional contra el Odio para la Convivencia Política y la Tolerancia (ley contra el odio) estipulaba penas de prisión de hasta 20 años. Aunque el propósito declarado de la ley era ‘promover la paz y la tolerancia’, las ONG observaron que la ley, vagamente redactada, se utilizaba para silenciar a activistas de la libertad de expresión y a periodistas. La ley también se utilizó para limitar sus derechos tras su puesta en libertad, prohibiendo los viajes internacionales y exigiendo comparecencias periódicas ante los tribunales. El ACNUDH documentó nueve casos de personas, entre ellas defensores de los derechos humanos y periodistas, acusadas o procesadas en virtud de la ley. Según la ONG de derechos humanos Espacio Público, en los últimos cinco años, 83 personas fueron acusadas injustamente en virtud de esta legislación, entre ellas funcionarios públicos, periodistas y miembros de ONG”, señala la investigación respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela en 2023.
En el ámbito laboral, se destacan violaciones significativas a la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, exacerbadas por el apoyo a “sindicatos paralelos” afines al gobierno y el uso de leyes antiterroristas para perseguir a activistas. La Organización Internacional del Trabajo ha expresado preocupación por la interferencia en las elecciones sindicales y por la situación de hasta 40% de la población trabajadora en el sector informal, donde las leyes laborales generalmente no se hacen cumplir.
Respecto a la comunidad LGBTQI+, se reportaron ataques discriminatorios por parte del gobierno y actores alineados, incluyendo violencia contra mujeres transgénero. A pesar de las denuncias de prácticas como las terapias de conversión, Maduro no ha hecho esfuerzos por reconocer ni proteger adecuadamente a esta población vulnerable.
Maduro y su régimen continúan recibiendo condenas internacionales, incluidos informes de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y investigaciones de la Corte Penal Internacional, por su papel en perpetuar un ciclo de abusos sin precedentes en el país.
