Imagina a un futbolista que, convencido de haber anotado un gol, solicita al tribunal revisar el VAR. Así actuó Nicolás Maduro este miércoles, al llevar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la disputa por los resultados de las elecciones en Venezuela.
Tras buscar la reelección el 28 de julio y ser proclamado vencedor por Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro presentó un recurso ante la Sala Electoral del TSJ para que se realice un peritaje y se establezca “la verdad” sobre los comicios. Esta acción se enmarca en las denuncias de la oposición, que asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones y afirma tener las actas para demostrarlo.
Maduro calificó la acusación de la oposición como un “intento de golpe de Estado” y pidió al TSJ atender “este ataque contra el proceso electoral”. Su solicitud es inusual por dos razones: es raro que quien se declara ganador pida una revisión y esta petición ignora el reclamo de la oposición y gran parte de la comunidad internacional sobre la falta de publicación de los resultados detallados de cada mesa de votación.
Históricamente, el CNE publica todos los resultados detallados y, si hay descontento, usualmente el perdedor impugna ante la autoridad electoral. La oposición ha creado una página web donde ha compartido copias de más del 81% de las actas de votación, mostrando una ventaja de casi cuatro millones de votos para González Urrutia sobre Maduro.
Amoroso ofreció un segundo boletín, incluyendo el 96.86% de las actas, que daba ganador a Maduro con 6.408.844 votos frente a los 5.326.104 de González Urrutia, atribuyendo el retraso en el anuncio de resultados a un supuesto hackeo.
La Estrategia de Maduro
José Ignacio Hernández, abogado y especialista de Aurora Macro Strategies, señala que no hay nada que impugnar ante el TSJ debido a la falta de transparencia en la divulgación de los resultados electorales. Hernández explica que Maduro habría presentado un recurso contencioso electoral con una medida cautelar de amparo, una técnica empleada antes por el gobierno para ganar tiempo y evitar la entrega de pruebas por parte de la oposición.
En 2015, el chavismo impidió que cuatro diputados opositores tomaran posesión tras las elecciones parlamentarias, invalidando todas las decisiones del Parlamento controlado por la oposición. Hernández advierte que la oposición podría enfrentar una situación similar si no entrega las actas, arriesgándose a ser declarada en desacato y encarcelada.
Implicaciones Políticas
Carmen Beatriz Fernández, consultora política, sugiere que la movida de Maduro busca ganar tiempo ante la presión interna y externa. Poner al TSJ como mediador podría permitir que se valide el supuesto fraude, reduciendo la presión sobre el gobierno. El TSJ ya ha convocado a los candidatos presidenciales para notificarles del procedimiento en marcha.
Enrique Márquez, candidato del partido opositor Centrados, rechazó firmar la notificación del TSJ sin conocer el texto de la demanda, exigiendo al CNE la publicación de los resultados detallados.
La Imparcialidad del TSJ
La imparcialidad del CNE y del TSJ ha sido cuestionada debido a sus vínculos con el oficialismo. Tres de los cinco directivos del CNE son considerados representantes del oficialismo, y varios miembros del TSJ han formado parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El Centro Carter ha criticado la elección del 28 de julio por no cumplir con los “estándares internacionales de integridad electoral”. Jennie K. Lincoln, jefa de la misión de observación electoral del Centro Carter, cuestionó la intervención del TSJ en el proceso electoral, sugiriendo que Maduro debería exigir al CNE la publicación de los datos de la elección mesa por mesa.
Fernández señala que la movida del TSJ contradice el discurso del chavismo sobre la autonomía del Poder Electoral, evidenciando la falta de independencia de los poderes en Venezuela. El oficialismo, sin embargo, ha negado estas acusaciones, insistiendo en la independencia de los poderes del Estado.
