Exministros chavistas y académicos venezolanos han emitido una declaración cuestionando la legalidad de la reciente elección presidencial en Venezuela, que proclamó a Nicolás Maduro como presidente. Los firmantes, entre los que se encuentran Héctor Navarro, Oly Millán y Gustavo Márquez Marín, así como la exdefensora del pueblo, Gabriela Ramírez, exigen una auditoría completa de los resultados electorales debido a las irregularidades observadas.
La jornada electoral del 28 de julio culminó con el Consejo Nacional Electoral (CNE) declarando a Maduro ganador, aunque solo se había escrutado el 80% de las actas. La diferencia de 704.114 votos entre Maduro y el opositor Edmundo González Urrutia, con un 20% de actas restantes (aproximadamente 2.514.694 votos), podría alterar el resultado final.
El comunicado de los firmantes subraya que el CNE no puede definir al ganador sin haber contabilizado el 100% de las actas y verificarlas con las actas en posesión de los testigos electorales del candidato opositor. Además, denuncian que el boletín del CNE no se basó en el informe de la comisión técnica y que el presidente del CNE acreditó a Maduro sin completar los actos necesarios, comprometiendo la legitimidad del proceso.
La oposición asegura que, con el 73% de las actas de escrutinio, González Urrutia llevaba una ventaja de 2 a 1. Márquez también denunció la expulsión de testigos opositores y la suspensión de la transmisión de actas el día de la elección. Según los firmantes, las elecciones no fueron democráticas ni competitivas, citando tácticas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para mantenerse en el poder, como la proscripción de candidaturas y la restricción de observadores internacionales.
Desde la proclamación de Maduro, ha habido protestas en 20 estados, con 187 manifestaciones contabilizadas por el Observatorio Venezolano de Conflictos. Los firmantes piden a las fuerzas de seguridad respetar los derechos constitucionales, especialmente la protesta pacífica y la libertad personal. También llaman a la oposición a unirse en un frente amplio para enfrentar la crisis humanitaria y garantizar un cambio político, destacando la necesidad de una auditoría electoral con observadores internacionales.
