
La administración de Estados Unidos está considerando un conjunto de sanciones contra altos mandos militares y de seguridad de Venezuela debido a la negativa de Nicolás Maduro de abandonar la presidencia y la continua represión ilegal. Esta posible medida es una respuesta a la falta de disposición del régimen de Maduro para reconocer la victoria de los opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado en las elecciones del 28 de julio.
Desde Washington, Nicolás Maduro y sus colaboradores han reiterado la misma postura frente a las iniciativas diplomáticas de Estados Unidos, Brasil, Colombia y la Unión Europea (UE) que buscan establecer un canal de diálogo que permita iniciar una transición democrática en Venezuela. “La oposición tiene que reconocer que ganamos, y ahí empezamos a negociar”, han sido las palabras del dictador y sus representantes.
Ante esta situación, tanto Estados Unidos como Brasil, Colombia y la Unión Europea han comenzado a desarrollar estrategias para llevar a Maduro a la mesa de negociaciones. Sin embargo, Maduro parece estar dilatando el proceso político, intentando prolongarlo más allá de las elecciones en Estados Unidos.
En este contexto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y Dan Ericson, consejero de Seguridad Nacional para América Latina, han comenzado a analizar medidas financieras y de investigación criminal contra Maduro y su círculo más cercano, incluyendo a altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El gobierno de Estados Unidos podría anunciar estas medidas en las próximas semanas, mientras verifica si Maduro ha desplazado a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, por figuras como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, lo que podría afectar las comunicaciones entre Washington y Caracas.
Lula da Silva, presidente de Brasil, enfrenta obstáculos similares. Maduro ha rechazado las propuestas de nuevas elecciones presidenciales o un gobierno de coalición, y se muestra reacio a recibir en Caracas a Lula y a Gustavo Petro, presidente de Colombia. Aunque Maduro insiste en que no perdió las elecciones, estaría dispuesto a dialogar si los opositores aceptan su versión.
A pesar de la resistencia de Maduro, los líderes de Brasil y Colombia continúan tomando decisiones que, en la práctica, favorecen al régimen venezolano. Recientemente, ambos países se negaron a apoyar una resolución de la OEA que condenaba a Maduro, en parte debido a la referencia a un informe de la CIDH sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Josep Borrell, alto representante de la UE, también ha buscado que Maduro acepte su derrota y detenga la represión, coordinando esfuerzos con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y dialogando con los opositores González Urrutia y Machado. Sin embargo, la posición de Maduro sigue siendo intransigente.
En este contexto, Maduro parece decidido a mantenerse en el poder, a pesar de las manifestaciones en su contra, la presión internacional y las sanciones que prepara Estados Unidos para castigar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela.