La abogada Caryslia Beatriz Rodríguez ocupa un lugar central en el sistema judicial de Venezuela. Desde enero de 2024, es la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y dirige la Sala Electoral del mismo tribunal.
El miércoles pasado, el presidente Nicolás Maduro presentó ante la Sala Electoral una solicitud para que se realice una auditoría y se certifiquen los resultados de las elecciones presidenciales del domingo. Por esta razón, la figura de la magistrada Caryslia Rodríguez es fundamental para el Gobierno de Maduro.
Rodríguez fue designada como magistrada de la Sala Electoral del TSJ el 26 de abril de 2022, y su juramentación fue realizada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, es responsable de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo.
Antes de su designación, Caryslia Rodríguez ya era una figura pública vinculada al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Se graduó en Derecho en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1993, y posee una maestría en Derecho Penal Militar y una especialización en Seguridad y Defensa de la Nación.
Previo a su entrada en el TSJ, fue alcaldesa encargada de Caracas entre agosto y noviembre de 2021, reemplazando a Erika Farías. También fue Presidenta del Consejo Municipal de Libertador de Caracas y, en diciembre de 2018, fue electa concejal por el circuito 3 del Municipio Libertador del Distrito Capital.
Como militante del PSUV, Rodríguez ha ocupado varios cargos de elección popular. Fue una figura clave en la sentencia 122, que anuló todas las fases del proceso electoral de la Comisión Nacional de Primaria (CNP) opositora del 22 de octubre de 2023. Esta decisión intentaba invalidar las elecciones primarias en las que María Corina Machado fue elegida como candidata opositora y posteriormente inhabilitada por el mismo tribunal.
La ONG venezolana Acceso a la Justicia ha cuestionado la designación de Rodríguez y ha advertido sobre los peligros de la partidización de la justicia. Señalan que la constitución venezolana establece que los magistrados deben ser imparciales y no participar en actividades políticas partidistas ni lucrativas incompatibles con su función.
A pesar de las críticas, el Gobierno ha insistido en la independencia de las instituciones del país.
